Miembros del ejido Corcovada, en San Luis Potosí, están en constante comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales para evitar que la empresa Cetam Constructions, vinculada a Grupo Salinas, pueda hacerse de 426 hectáreas de sus terrenos con la finalidad de construir una planta extractora de materiales para construcción, que posteriormente se convertiría en una mina, afirmó Francisco Gutiérrez Aguilar, integrante del grupo de defensa.

Gutiérrez comentó en entrevista con La Jornada que el domingo pasado representantes de la Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano intervinieron para evitar el desarrollo de una asamblea general en la que podría haber gestado el despojo de los terrenos de uso común por parte de los representantes jurídicos de la empresa.

Esta medida se aplicó después que uno de los integrantes del núcleo ejidal solicitó desde la semana pasada una resolución de opinión jurídica en la PA estatal, que trascendió a la federal, para determinar que no existía alguna validez legal, detalló.

Destacó que el recurso trascendió porque la asamblea se debió convocar bajo el formato de formalidades especiales para tratar el único punto relacionado a la enajenación de todas las hectáreas, pero la mesa directiva del ejido sólo lo hizo como bajo un formato simple sin cumplir con los requisitos necesarios para cometer con su objetivo para despojar los terrenos.

Relató que la representación de la PA local pidió al consejo de vigilancia la participación única y exclusiva de ejidatarios titulares durante la asamblea, lo que limitó el acceso a los abogados de Cetam Constructions. Resaltó que esta acción provocó tensión durante el ingreso porque algunos de los representantes de la minera quisieron entrar a la fuerza, pero integrantes del ejido se los impidieron.

Gutiérrez precisó que sólo son 60 de los 197 miembros del núcleo que quieren vender. Apuntó que la empresa quería adquirir los terrenos por cinco pesos el metro cuadrado, y ante la negativa de los pobladores el monto lo subieron a 12.50.

Puntualizó que la comunidad defensora se organiza porque la empresa buscará distintos recursos para hacerse de los terrenos, como el rentarlos. Resaltó que buscan cuidar el medioambiente del ejido y la salud de la población para evitar algún tipo de impacto provocado por las prácticas mineras.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó a La Jornada realizó este lunes una inspección sobre la zona donde la empresa busca operar, por lo que el ejido Corcovada espera los resultados para determinar si se ha incurrido en alguna irregularidad.