Ciudad de México. Cada año, más de 81 mil personas mueren en México por enfermedades relacionadas con el tabaquismo: EPOC, cáncer de pulmón, infartos y enfermedades cerebrovasculares. A pesar de años de esfuerzo, la prevalencia del consumo de cigarros se ha estancado —y lo que es más preocupante— crece entre adolescentes y mujeres jóvenes.

Frente a este desafío, el país necesita fortalecer la implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y sustituir el enfoque prohibicionista actual en los vapeadores por una regulación estricta basada en evidencia. Desde 2020, una serie de decretos presidenciales han restringido su importación, comercialización y circulación, culminando en una reforma constitucional que sanciona toda actividad relacionada con estos dispositivos. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la prohibición no ha frenado el consumo: cinco millones de adultos y medio millón de menores utilizan vapeadores adquiridos en un mercado negro dominado por el crimen organizado, sin control sanitario ni recaudación fiscal.

Mientras tanto, países como Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda han adoptado políticas de reducción de daños para reducir el consumo de cigarros entre su población. Estos gobiernos han regulado el acceso a dispositivos menos dañinos, imponiendo controles sanitarios, restricciones de sabores, límites de nicotina y campañas educativas. Los resultados son contundentes: descenso sostenido del tabaquismo, tasas más bajas de cáncer de pulmón y una mejor protección a los menores de edad.

El análisis comparativo de catorce países, elaborado por la “Red México sin Tabaco” que presido, demuestra que prohibir es rendirse: es no reconocer que el principal enemigo es el humo del tabaco con 70 químicos cancerígenos y no reconocer que existen alternativas menos dañinas para consumir nicotina. La mayoría de los países analizados han construido marcos legales proporcionales al riesgo, han diferenciado los niveles de impuestos, han implementado etiquetas informativas y han creado sistemas de autorización sanitaria basados en evidencia científica.

México no debe quedarse atrapado en una estrategia que, en los hechos, solo fortalece la informalidad y criminaliza al consumidor. Es urgente transitar hacia una política pública que complemente el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS con un enfoque de reducción de daños. Esto implica regular los dispositivos de nicotina estrictamente con criterios sanitarios claros, establecer estándares de calidad y restringir su acceso a menores, al tiempo que se protege a los fumadores adultos que buscan dejar el cigarro.

En salud pública, la ciencia debe pesar más que el prejuicio. No se trata de promover el vapeo, sino de entender que un enfoque punitivo no protege, y que el silencio regulatorio deja la puerta abierta al mercado ilegal. Regular es gobernar. Y hoy, el país necesita gobernar con inteligencia.